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Con ponencia positiva del diputado Fredy Cáceres Arismendy, la Asamblea de Santander aprobó en segundo debate el Proyecto de Ordenanza que autoriza al Gobernador a ceder a título gratuito a la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, un predio requerido para ejecutar el proyecto de construcción de la Unidad de Materno Infantil.

Según la iniciativa, tras “evaluar las necesidades más sentidas de la población de Floridablanca y sus alrededores fue planteada la idea de construir la Unidad Materno Infantil por parte de la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca” y para ello se las directivas del centro asistencial, solicitaron al gobernador que se les haga sesión a título gratuito de ese terreno”.

El proyecto, que tuvo trámite favorable y ahora pasa a tercer y último debate, hace alusión de un lote de aproximadamente 5.125 metros cuadrados ubicado en las antiguas instalaciones de la Licorera de Santander. “De aprobarse la iniciativa, la comunidad florideña sería la más beneficiada, porque accedería a un servicio esencial en materia de atención médica para la niñez”, expuso el ponente de la iniciativa.

la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca tiene reconocida idoneidad, actualmente cuenta con un portafolio de servicios y productos de la canasta hospitalaria, programas para la atención de niveles 1 y 2 en cuanto a educación, prevención y atención en las hospitalización, programas ambulatorios, servicios complementarios como asistencia en rehabilitación y capacitación del recurso humano para una franja de la población y su área de influencia utilizando el recurso técnico humano y científico para el beneficio de la comunidad vulnerable que contiene el espectro del sistema socioeconómico de la estructura social del país.

Carencia de recursos así como falta de gestión, son las principales causas para que la ejecución del Plan de Desarrollo ‘Santander Nos Une’, a junio de 2018, esté “colgada”. Así lo analizaron los Diputados del Departamento, al evaluar esta semana uno a uno, las metas de la Carta de Navegación del Gobierno de Dídier Tavera Amado.

Durante tres arduas sesiones realizadas esta semana, la Asamblea de Santander pasó revista a las cifras que maneja cada secretario de despacho y gerente de instituto descentralizado adscrito a la Administración Seccional. En esas plenarias, se pudo establecer que el porcentaje de cumplimiento de metas bordea el 75 por ciento y, aunque hay planes y programas bastante adelantados, otros como las políticas públicas, no han despegado.

La diputada Yolanda Vargas Hernández, aunque reconoció que “se ha hecho un gran esfuerzo para cumplir con las metas, hay unas que aún vemos que están colgadas, por ejemplo las políticas públicas”. Recordó que “dentro del Plan de Desarrollo se tenían como meta las políticas públicas y no sabemos si es por falta de recursos o por falta de gestión, pero me preocupa por ejemplo que la política pública rural -que es uno de los pedidos que hizo la comunidad y es una ruta a seguir- no se avanzado”.

Expuso su preocupación debido a que –según los informes de los funcionarios- “hay otras (metas) que están bastante quedadas y se necesitan para dar cumplimiento a todo lo que se aprobó en el Plan de Desarrolló, por cuanto no podemos faltar el principio planeación”, en ese sentido anunció que estará pendiente que esos índices que hoy preocupan, puedan superarse.

En ese mismo sentido se refirió el diputado Humberto Rangel Lizcano, quien expresó que en lo corrido del gobierno el porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo es del 75 por ciento. “Hay que tener en cuenta que llevamos dos años y medio de gestión, algunas metas no se han cumplido por falta de recursos y otras por falta de gestión de las mismas secretarías”.

Dijo que espera que “para el informe de fin de año el avance sea mucho más serio y más fuerte porque ya sólo nos va quedar un año de gestión para cumplir con este propósito que tiene el gobernador y que lo esperamos nosotros como Diputados”, al tiempo que subrayó que, producto de la Reforma Tributaria, recursos provenientes de la telefonía celular y que estaban dirigidos a atender escenarios deportivos, “a partir del 2018 ya no llegarán a los municipios”.

Los Diputados estudiaron cada uno de los informes presentados por las Secretarías de Planeación, Interior, Vivienda, Agricultura, Cultura y Turismo, Infraestructura, Salud, General, Desarrollo, Educación, Tics, Hacienda y de Idesán, Unipaz y UTS.

La Asamblea de Santander solicitará a la Procuraduría General de la Nación, que investigue –y si es el caso- sancione al director del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), Rodolfo Torres Puyana, por su reiterada inasistencia a los debates de control político a los que es citado. Este miércoles, por tercera ocasión consecutiva incumplió la convocatoria que le hizo la plenaria para que informara sobre temas alusivos a la unificación de Metrolínea con el Transporte Público Colectivo.

La sesión buscaba estudiar los argumentos técnicos y económicos de los diversos actores del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), que hoy permiten determinar la inconveniencia de esa unificación. El AMB determinó ciegamente para el próximo 16 de junio la entrada de esa “integración”, pese a que ha existido un fuerte rechazo por parte de expertos y de los propios transportadores.

“Queremos ver acá al director del AMB, no le conozco ni la cara (…) Nunca ha venido a las tres citaciones que se le ha en hecho”, expuso el diputado Édgar Suárez Gutiérrez, quien presentó una proposición para que -ante la ausencia reiterada del funcionario- la Procuraduría lo investigue. “(Él) está obligado a asistir y si no asiste nosotros perfectamente podemos ir ante la Procuraduría para que lo investigue y lo sancione. Porque si él no viene acá al organismo que le hace el control político, ¿cómo será con el pobre pueblo?”, recalcó.

En ese mismo sentido se refirió el diputado José de Jesús Villar, al expresar que “tenemos el deber moral y ético que la Constitución no exige (…) que íbamos a trabajar y a cumplir las leyes y dentro de las leyes está ejercer el control político y si nosotros no ejercemos ese control político y no nos hacemos respetar, el pueblo nos pasa la cuenta de cobro”, por lo que solicitó que “quien no cumpla, se le pase los correspondientes llamados de atención ante la Procuraduría o la Fiscalía”.

El diputado Álvaro Celis Carrillo también rechazó la no presencia del director del AMB al debate, “yo conozco muy bien el tema del transporte convencional y desde luego el transporte masivo; hoy quienes entregaron una capacidad transportadora al sistema esperando en algunos años recibir algunos dividendos hoy lo que tienen es una deuda mayor a lo que entregaron”, por lo que calificó de irresponsable la decisión del funcionario “de no venir aquí por lo menos a mirar que se puede solucionar (…) que ponga la cara”.

“Cambiamos por un modelo que parecía ser la panacea en su momento y miren en lo que estamos, vamos a un proceso no solamente de tener un problema sino de tener miles de problemas”, expuso el diputado Humberto Rangel Lizcano, al catalogar que la crisis de Metrolínea se salió de control, por lo que “creo que este debate es necesario y debemos insistir en que los invitados, convocados y responsables de los procesos, nos deben acompañar”.

Finalmente, el diputado Fredy Cáceres Arismendy, recordó que esta situación es “igual a la del alcalde de Bucaramanga cuando contestó la última invitación que se le hizo para hablar el tema de las basuras. Respondió que no venía a la Asamblea porque no era sujeto de control político. Sin embargo a él nunca se le citó, se le invitó; como cuando vino aquí a hablar del Páramo de Santurbán, cuando vino aquí a echar el discurso sobre el tema de movilidad y se le escuchó con todo el respeto. Porque es lo que debe haber entre el alcalde de la capital y la Asamblea, un escenario de debate y creo que es el camino que está tomando hoy el director del AMB”.

Este martes, durante la conmemoración del Día Mundial del Trabajo Infantil, la Asamblea de Santander realizó un debate de control político donde puso en evidencia que las acciones institucionales -que deben propender por mitigar el flagelo- no han logrado resultados efectivos y contundentes.

Además, los diputados pusieron en duda las cifras presentadas, toda vez, “la pobreza; la carencia de una política pública de familia que integre temas de educación, empleo e inversión social; además de los graves problemas de prostitución infantil y la falta de sanciones a las empresas que explotan a los niños; han originado que los resultados no sean los mejores”, indicó el diputado Carlos Alberto Morales Delgado.

Para el diputado Jesús Villar Torres, “los informes presentados por las autoridades no incluyen las acciones frente a la prostitución infantil” ni se analizan las cifras en torno esta cruda realidad y en donde Santander no es ajeno. Y expuso su preocupación por la que atraviesan “nuestros hermanos venezolanos”, cuya migración ahonda la crisis del trabajo infantil en ciudades del área metropolitana de Bucaramanga, principalmente.

La otra infortunada situación que deriva el trabajo infantil en Santander tiene que ver con la falta de eficiencia para contratar el transporte escolar para la zona rural, derivando que además de la deserción escolar los niños deban ocuparse en labores propias de los mayores, generando más pobreza. “Estos programas deben ser permanentes, hasta final de año, que no dependan de la voluntad del alcalde de turno y los recursos para esto deben ser prioritarios, por encima de festividades”, destacó la diputada Yolanda Vargas Hernández.

Una de las denuncias más graves fue presentada por el diputado Mario Antonio Cárdenas, que relató como la firma Philip Morris contrata familias de García Rovira para la producción de sus productos, quienes deben cumplir con metas específicas y por ende, deja abierta la posibilidad para que los niños sean explotados, “situación que debe ser revisada por parte del Ministerio de Trabajo”.

Durante el debate, el ICBF informó que a junio de 2018 ha atendido 165 casos de explotación infantil en Santander, de ellos, 102 en Bucaramanga, 24 en Barrancabermeja y 19 en Floridablanca. Por su parte, el Gobierno de Santander ha advertido que el índice de trabajo infantil ha venido disminuyendo, en 2014 la tasa era del 6,4% y en 2017 se ubicó en el 4,5%. Se proyecta que a 2019 las cifras podrían llegar al 3,5%.

Los diputados celebraron la presencia en la sesión del Bienestar Familiar, las Secretarías de Educación y Desarrollo Social de Santander, el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo y los representantes de las alcaldías de los municipios del área metropolitana.